sábado, 19 de abril de 2014

Campos de conflictividad política: una hipótesis de trabajo.

Campos de conflictividad política: una hipótesis de trabajo. 

Soledad Stoessel (UNLP - FLACSO- Ecuador).


El presente trabajo parte de la siguiente interrogante: ¿en qué medida los conflictos políticos suscitados en el marco de las nuevas experiencias gubernamentales de Argentina y Ecuador han logrado configurar “campos de conflictividad política”? A continuación, se realizará una breve introducción del tema que se propone para luego desarrollar la hipótesis de trabajo. Los procesos políticos, sociales y económicos que condujeron a la instalación de regímenes democráticos luego de períodos extensos de gobierno dictatoriales en la mayoría de las sociedades latinoamericanas marcaron el mapa de la conflictividad política y la movilización social hasta nuestros días. La apertura democrática en la región –durante la década del ochenta en la mayoría de los países- y de forma concomitante, la emergencia e implementación del modelo neoliberal – minimización de las capacidades estatales a favor de los mercados y flexibilización y disciplinamiento de la clase trabajadora- condujeron a la activación de una multiplicidad de acciones colectivas en el espacio público orientadas a formular reivindicaciones de variado tipo. En el marco de las ciencias sociales, existe un fuerte consenso que sostiene que la agenda neoliberal provocó una mutación en las formas de la movilización social de los actores subalternos y en los locus de los conflictos políticos así como en las condiciones de politización de los sujetos. La “protesta popular” (Auyero, 2004), la lucha “desde abajo” y “callejera”, los llamados movimientos sociales populares (Modonesi y Rebón, 2011), se instalaron en el escenario social y político como parte de la resistencia hacia las políticas de ajuste estructural, debilitándose ciertas modalidades convencionales de la acción colectiva, como la lucha en la fábrica (proceso ligado al proceso de “desproletarización” al que paulatinamente condujo el neoliberalismo y por ende, a la pérdida de poder social de los trabajadores). Hacia fines del siglo pasado y principios de éste, cristalizó uno de los efectos de la crisis de la hegemonía neoliberal: el acceso al poder político, en varios países, de coaliciones de fuerzas políticas de izquierda que reorientaron la agenda pública, colocando al Estado en el centro de la acción política con miras a quebrar el núcleo duro del modelo neoliberal. Gran parte de la literatura ha agrupado a estas nuevas experiencias gubernamentales bajo el concepto –aún en pleno debate en el marco de las ciencias sociales- de “postneoliberalismo” (Ceceña, 2011; Macdonald y Ruckert, 2009; Vilas, 2010) para enfatizar el “cambio de época” (Svampa, 2008) a partir de la ruptura –parcial y ambigua en muchos casos- que aquellas implicaron con el orden neoliberal. Sin embargo, agruparlos bajo esa categoría no implica desconocer la heterogeneidad que caracteriza a estos procesos sociales y políticos en términos de las transformaciones operadas en el modelo de desarrollo, en el régimen de acumulación y en la matriz de poder político. Algunos países, como Argentina y Brasil, optaron por la instalación de una agenda “neo-desarrollista” (Bresser Pereira, 2007) o “reformista” (Modonesi y Rebón, 2011) que apunta a retomar la matriz económico-productiva de tipo desarrollista generada durante las décadas del cincuenta y sesenta con el objetivo de apostar a una justicia distributiva que beneficie a los sectores populares. Esta estrategia de desarrollo fue impulsada desde un Estado que recuperaba capacidades perdidas durante las décadas previas, principalmente aquellas orientadas a controlar los principales factores de poder económico, aunque en el marco de un régimen político con partidos políticos más o menos institucionalizados, que habían gobernado el sistema político durante varias décadas. Otros países, como Bolivia, Ecuador y Venezuela, se inclinaron por la vía “refundacional” (Ramírez, 2010) la cual, a través de fuertes cambios institucionales y reemplazos constitucionales, colocó al Estado como pleno regulador de los mercados y coordinador del conjunto social. La “vocación transformacional” (Ramírez, 2012) de las fuerzas progresistas que arriban a los países andinos impulsan una agenda política que apunta a la reconfiguración no sólo de los modelos de desarrollo sino también del “modo de organización social” (Oszlak, 2007; citado en Ramírez, 2012). Para ello, las continuas contiendas electorales y la participación ciudadana institucionalizada se vuelven palancas indispensables del cambio social y político, considerando que en estos países las plataformas partidarias son aún débiles y poco institucionalizadas. En este sentido, el retorno del Estado en estos países -tanto los que optaron por una vía neodesarrollista como aquellos que se inclinaron por una refundacional- implicó la activación de una aguda y virulenta dinámica de conflictividades políticas provenientes de diversos frentes, cuyos actores vieron perjudicados, de alguna u otra manera, sus intereses a raíz de este giro en las agendas políticas. Los intentos permanentes de parte de estos gobiernos por operar una salida del neoliberalismo –traducidos en políticas concretas- a través de una determinada lógica de acción gubernamental –liderazgos fuertes y decisionistas- modificaron las coordenadas de la conflictividad política en relación a la década pasada. Este momento antagónico involucró un heterogéneo conjunto de actores socio-políticos, desde aquellos ubicados en posiciones conservadoras hasta aquellos con sensibilidades de izquierda e incluso autonomistas: algunos se mostraron renuentes a aceptar los contenidos de las políticas orientadas a modificar el status quo instalado por el neoliberalismo, otros rechazaron de plano un cambio en la correlación de fuerzas políticas y en su capacidad –poderosa durante las décadas pasadas- de intervenir en el seno del Estado, y otro actores que resistieron a las formas de hacer política de estas experiencias gubernamentales. El conflicto político se instaura entonces como locus privilegiado para el análisis político. Estudiar sus modalidades y orientaciones informa, al tiempo, sobre tres cuestiones: a) las demandas y disputas públicas para influir, ‘desde abajo’, en el régimen político, en la matriz de poder social y en la historicidad de lo social; b) los modos en que las instituciones políticas acogen, reconocen y procesan la acción conflictiva; y c) las interrelaciones políticas entre las agencias estatales y los circuitos de la organización social y la acción colectiva en el seno de la sociedad civil. Este trabajo, que es el resultado de un proceso de investigación actualmente en curso1 abordará tales cuestiones con el objetivo de elaborar un modelo teórico que pueda dar cuenta de las principales coordenadas del litigio democrático configuradas desde el arribo de las nuevas experiencias gubernamentales, es decir, de los campos de conflictividad política. Esta propuesta teórica parte del supuesto de que no toda demanda social ni cualquier protesta alcanzan niveles de masividad, frecuencia e intensidad que interpelan a la comunidad política. Múltiples reivindicaciones y conflictos apenas pueden ser definidos como conductas colectivas, como comportamientos reactivos y/o como formas de protesta episódicas, sin capacidad de interpelar la acción estatal y cuestionar los órdenes normativos vigentes. Muchas de esas demandas se diluyen en la inmediatez del conflicto y en su tramitación institucional, sin lograr trascender la coyuntura. En este sentido, los campos de la conflictividad son aquellos que consiguen un nivel de generalidad determinado y un grado de potencialidad tal capaz de tensionar y disputar el orden político, traspasando el puro nivel de la acción colectiva. De esta forma, una teoría de los campos de conflictividad política deberá dar cuenta de múltiples factores: por un lado, aquellos asociados con la naturaleza e intensidad de las demandas y con la confluencia de múltiples actores en torno a determinada reivindicación; por otro, con el modo en que específicas demandas interpelan y son reconocidas y procesadas por el Estado y la comunidad política. Para avanzar en esta dirección, este trabajo prestará atención a algunos conflictos políticos suscitados en el marco de los nuevos gobiernos populares de Argentina y Ecuador –especialmente, el enfrentamiento entre el gobierno argentino y el sector agropecuario en 2008; y el conflicto entre el gobierno ecuatoriano y las fuerzas de seguridad en septiembre de 2010-, con el propósito de identificar las principales coordenadas del litigio político y de esa forma, avanzar en una teoría de los campos de conflictividad política. Proyecto radicado en FLACSO-Ecuador, bajo la dirección de Franklin Ramírez Gallegos.

 Referencias bibliográficas 

 • Auyero, Javier (2004). “¿Por qué grita esa gente? Los medios y los significados de la protesta popular en la Argentina de hoy”. En América Latina hoy, número 36, pp.161-185. • Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2007). “Estado y mercado en el nuevo desarrollismo”. Nueva Sociedad, N°210: pp. 110-125.
 • Ceceña, Ana Esther (2011). “Postneoliberalismo o cambio civilizatorio”, en Dos Santos T. (ed), América Latina y el Caribe: Escenarios posibles y políticas sociales, Proyecto Repensar América Latina, Vol. 3. UNESCO / FLACSO. Montevideo. • Macdonald, Laura y Ruckert, Arne (2009). Post-neoliberalism in the Americas, Londres: Palgrave Macmillan • Modonesi, Massimo y Julián Rebón (2011). “Introducción”. En: Una década en movimiento. Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI. Julián Rebón y Massimo Modonesi (comp.) Buenos Aires: CLACSO, Prometeo. 
• Ramírez Gallegos, Franklin (2010). “Postneoliberalismo indócil. Agenda pública y relaciones socio-estatales en el Ecuador de la Revolución Ciudadana”. En Revista Temas y Debates, Número 20, Universidad Nacional de Rosario, CLACSO: pp. 175- 
 • Ramírez Gallegos, Franklin (2012). “Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana”, en Revista Línea Sur, Vol. 1, Issue 2, Mayo-agosto, pp. 84-104. • Svampa, Maristella (2011). “Argentina, una década después”. En Nueva Sociedad, Número 235: pp. 17-34. 
 • Vilas, Carlos (2010). “Las “ideas y regresos” del Estado”. En Utopía y praxis latinoamericana, Número 49: pp. 101-108.

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